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Publicado el 21 de Septiembre de 2012 en Informes

 

VII informe del Observatorio de la Realidad Social de Cáritas

Cáritas ha hecho público un análisis de la información recogida en 61 Cáritas Diocesanas, bajo el título "De la coyuntura a la estructura: los efectos permanentes de la crisis". En su conjunto constituye un estudio demoledor de las consecuencias de la crisis económica que se inició en nuestro país en el año 2007. El número de personas atendidas en los Servicios de Acogida y Asistencia de Cáritas ha pasado de 370.251 personas en 2007 a 1.015.276 personas en 2011.

Esto supone un incremento de más del 174%. La organización, en un alarde de transparencia, indica que está sobrepasada por los acontecimientos: “casi la mitad de las Cáritas Diocesanas empieza a mostrar los primeros síntomas de ralentización del crecimiento en el número de personas atendidas en nuestros Servicios de Acogida y Asistencia”.

Reconocen su incapacidad para asumir más demanda y la opción por la calidad frente a la cantidad, mediante el recurso a dar prioridad a los casos más graves. El estudio analiza tanto las características como el perfil de las personas que acuden a Cáritas. Se destaca el elevado número de desempleados que han pasado de la situación de “recientes” a ser de larga duración. Muchas parejas jóvenes, con edades comprendidas entre los 20 y 40 años de edad se han visto muy afectadas, así como mujeres solas con familiares a su cargo. La media de ingresos de las personas atendidas en Cáritas es de 322 euros al mes, cuando  el umbral de pobreza está en 651,5 euros al mes. El 55% de las personas desempleadas (en paro) son "parados de larga duración" (llevan más de un año buscando empleo), cuando en el año 2007 eran el 22,7%.

Un indicador de la situación que se vive es que el 56% de las Cáritas señalan que las necesidades de alimentación han sido las más demandadas, seguidas de vivienda y empleo. Como media, se realizaron 5 respuestas de intervención por persona en 2011, destinadas en un 74% a las familias. El número de respuestas de ayuda económica se multiplicaron por 6 entre 2007 y 2010, al pasar de 108.000 a más de 700.000. En el año 2011 empiezan a decrecer ligeramente, siendo algo menos de 700.000: para alimentación 400.000, más de 50.000 para vivienda y 60.000 para ropa y calzado. Los destinatarios de estas ayudas son, principalmente familias.

La reducción o supresión de los fondos públicos incide en el trabajo de Cáritas. La mitad de las CC. DD. indica que afecta mucho al trabajo de la organización. Los recortes han repercutido en la atención a las personas, la reducción de actividades a mínimos, la falta de pago (que ha llevado a solicitar créditos), la contratación de personal, y el cierre de proyectos y servicios.

También señala el informe que la crisis ha disparado la economía sumergida, con todos los inconvenientes que ello acarrea por la desprotección que implica trabajar sin cotizar, así como la disminución en capacidad recaudatoria del estado. La sociedad, para protegerse de la crisis, recurre a estrategias como el apoyo de la familia, institución sin la cual la pobreza sería miseria, pero se está detectando un desgaste de la protección familiar como consecuencia de la larga duración de la crisis, pese a seguir jugando un papel irremplazable de cohesión como “sujeto fundamental en nuestro modelo de bienestar”.

De hecho, las familias que asisten a una situación en la que no sólo los jóvenes no se van de casa, sino que unidades familiares enteras van a vivir al domicilio de los abuelos para ahorrar gastos, con el hacinamiento que ello supone. Las familias ayudan a otros familiares con dinero, o en especie, tanto para el pago de la vivienda como la alimentación.

Señala y critica el informe la consolidación de una desigualdad territorial en España. Las ayudas, los plazos y los criterios de acceso difieren mucho de una comunidad a otra, con la injusticia que ello supone. Denuncia el informe, así mismo, lo que califica como las tres rémoras introducidas por los cambios en la realidad de las prestaciones públicas autonómicas a los desprotegidos, que incluyen en los últimos cuatro años requisitos más duros, retrasos en la tramitación y reducciones presupuestarias de las ayudas, así como de su número.

                           España, 21 de septiembre de 2012

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