La reforma de la Ley de Libertad Religiosa se ha convertido en el centro de la discusi�n sobre las relaciones entre la Iglesia Cat�lica y el Estado, reabierta con llamativa e inaceptable torpeza por el Papa Ratzinger con ocasi�n de su �ltima visita a Espa�a.

No se entiende el motivo por el que la norma de 1980, un escueto texto de nueve art�culos, tiene que ser revisado, ni en estos momentos, como pensaba hasta hace poco el Gobierno, ni en un plazo de tiempo m�s largo, cuando supuestamente se haya ampliado el consenso para hacerlo.

En el articulado de la ley no existe una sola menci�n al catolicismo ni a ninguna otra religi�n, y el Estado no se compromete a otra cosa que a firmar acuerdos con los representantes de los credos que tengan arraigo en Espa�a. No dice nada del tenor de esos pactos que, por descontado, tendr�n que ajustarse a lo establecido por la Constituci�n y las normas que la desarrollan.

En el caso del catolicismo, esos acuerdos con el Estado existen y son anteriores en un a�o a la Ley de Libertad Religiosa. Y no solo existen, sino que es en ellos donde se encuentran recogidos todos y cada uno de los privilegios de los que goza la Iglesia en Espa�a, hasta el punto de que la Constituci�n parece no regir para ella.

Es en los acuerdos de 1979, y no en la ley de 1980, donde el Estado se compromete expresamente a reconocer como d�as festivos todos los domingos y algunas fiestas cat�licas, a conceder efectos civiles a los matrimonios celebrados seg�n las normas del derecho can�nico, a respetar los valores de la �tica cristiana en los centros p�blicos de educaci�n, a aceptar como profesores de religi�n a aquellos que propone el "Ordinario diocesano", a equiparar sus sueldos con los de los docentes del Estado, a asumir como propios los programas de la asignatura de religi�n y los materiales did�cticos que se�ale la jerarqu�a eclesi�stica, a "velar para que sean respetados en sus medios de comunicaci�n social los sentimientos de los cat�licos", a integrar un vicario castrense en las fuerzas armadas.

En el cap�tulo econ�mico, los Acuerdos de 1979 establecieron, adem�s, el sistema de financiaci�n a trav�s de la famosa marca en la declaraci�n de la renta, pero dejaban claro que, tras un periodo transitorio, la Iglesia tendr�a que autofinanciarse. Este es el �nico aspecto que el Gobierno ha reformado, aceptando transferir a la Iglesia un 0,7% de la recaudaci�n del IRPF.

El repertorio de estos privilegios no quedar�a completo si, junto a los establecidos por los Acuerdos, no se toman en cuenta las situaciones de hecho sin otro fundamento que la tradici�n.

As�, no son las normas legales sino las tradiciones las que hacen que las tomas de posesi�n de los cargos civiles est�n presididas por una cruz y una Biblia, o las que mantienen los crucifijos en las aulas de los colegios p�blicos. Ante esta ausencia de fundamento legal, bastar�a una llamada de tel�fono de los interesados para que los servicios de protocolo de cualquier instituci�n civil en la que se celebre una toma de posesi�n no coloque ni cruces ni Biblias.

Si, que se sepa, ning�n alto cargo o cargo electo del Estado lo ha hecho hasta el momento es sencillamente por falta de coraje pol�tico: se han conformado con prometer en vez de jurar, obviando el hecho de que, con esta opci�n, la presencia de s�mbolos cat�licos resulta innecesaria.

Y en cuanto a la presencia de crucifijos en las aulas de las escuelas p�blicas, el hecho de que haya sentencias judiciales que han obligado a retirarlos demuestra que no es necesaria la reforma de la ley de 1980 para hacerlo: con las normas que existen es bastante. Otra cosa es que deban ser los ciudadanos, y no la Fiscal�a, quien tenga que iniciar los pleitos. Y, una vez m�s, si esta no act�a es porque falta coraje pol�tico.

Ante este panorama, cabe preguntarse si la estrategia seguida por el Gobierno en materia de relaciones entre la Iglesia Cat�lica y el Estado es acertada o, por el contrario, obedece m�s al deseo de transmitir la impresi�n de que avanza en el laicismo evitando, por otra parte, entrar en una confrontaci�n.

Respetar los Acuerdos de 1979 y reformar la ley de 1980, como propone el Gobierno, es tanto como conceder una nueva victoria a la Iglesia Cat�lica que, sin duda, har�a mucho, much�simo ruido en la discusi�n de la nueva norma. Pero solo como se�uelo para alejar las miradas de los Acuerdos, que es donde se fijan sus inaceptables privilegios.

�Am�n�, a�adimos nosotros, a una reflexi�n "dogm�tica" como es la del Sr. Ridao�. Y le a�adimos, como respuesta, la reflexi�n de otro ciudadano espa�ol, que tambi�n tiene derecho a VIVIR en Espa�a y a que se le respete, con Acuerdos Iglesia-Estado y sin Acuerdos Iglesia-Estado�.

Este ciudadano espa�ol�reflexiona desde el "sentido com�n"�con la cabeza y el coraz�n, no con las v�sceras, y defiende el CRUCIFIJO como s�mbolo de la Cultura de la Paz.

��������������������������������� Espa�a, 23 de noviembre de 2010